La marcha en defensa de la educación pública representó un desafío significativo para el gobierno argentino, que enfrenta críticas por su manejo de los fondos universitarios y su respuesta tardía ante el conflicto.
Los organizadores calcularon una asistencia masiva de 800 mil personas, mientras que la UBA reportó 500 mil y la Ciudad mencionó 150 mil.
La ausencia del protocolo de seguridad planificado por Bullrich fue evidente, lo que resalta la falta de coordinación en el ministerio de Capital Humano y añade un elemento de crisis. Las críticas apuntan directamente a Caputo, como responsable de la cartera.
A su vez, a las horas previas al evento, renunció Maximiliano Keczeli, el funcionario más cercano a la ministra de Capital Humano, Pettovello, quien ocupaba el cargo de secretario de Coordinación Legal y Administrativa.
El gobierno argentino se enfrenta a una creciente presión pública y críticas por su manejo de la educación pública y la gestión de fondos universitarios.