El fracking, una técnica de explotación de gas natural y petróleo altamente nociva, está cerca de ser prohibida en cuatro estados brasileños.
Mato Grosso y Bahia podrían sumarse pronto a Paraná y Santa Catarina, que ya han vetado esta práctica debido a sus impactos ambientales y sociales, como la contaminación del agua subterránea. La prohibición en Mato Grosso solo espera la sanción del gobernador Mauro Mendes, mientras que en Bahia se está debatiendo una legislación similar.
Las movilizaciones contra el fracking han sido lideradas por la Coalición No Fracking Brasil y diversas organizaciones, con el apoyo de políticos, sectores económicos y comunidades religiosas.
En Mato Grosso, el agronegocio ha sido un aliado clave debido a los riesgos de contaminación de fuentes hídricas y alimentos. El sector productivo busca cumplir requisitos básicos para mantener su potencial exportador y evitar restricciones de importación de mercados europeos y asiáticos que rechazan productos de áreas con fracking.
En Bahia, las áreas con mayor potencial de explotación de gas están situadas sobre grandes acuíferos, como en Alagoinhas, un importante polo industrial de bebidas.
El diputado Jorge Solla destaca los riesgos adicionales de contaminar estas reservas de agua de alta calidad, afectando la salud, la economía y el empleo. Además, en el noreste de Brasil, hay esfuerzos para llevar la legislación anti-fracking a otros estados como Maranhão y Piauí, donde gran parte de las áreas exploratorias coinciden con territorios indígenas y quilombolas, y regiones ambientalmente sensibles.