Argentina cumplió con la octava revisión técnica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero aún falta la evaluación política necesaria para el desembolso de USD 800 millones.
Este desembolso requiere la aprobación del directorio del FMI, que no está en la agenda de junio del organismo. La aprobación política implica garantizar el apoyo de la clase política argentina y evaluar la gobernabilidad y el programa económico del país.
El retraso en el desembolso se debe a la espera de la aprobación de la Ley Omnibus por el Congreso argentino, lo cual demostraría un consenso político en torno al camino económico propuesto.
La falta de consenso complicaría la posición de Argentina ante el FMI. Además, la política exterior del gobierno de Milei, que ha antagonizado con importantes accionistas del FMI como China, España y Brasil, junto con la reticencia histórica de otros países como Alemania, Japón y Holanda, agrava la situación.
La demora en la aprobación del desembolso de USD 800 millones, necesario para pagar intereses vencidos al propio FMI, pone en evidencia las dificultades del ministro Caputo para conseguir un nuevo préstamo de USD 15 mil millones, tal como prometió al presidente Milei.
La situación también se ve afectada por recientes tensiones con inversores energéticos, que han expresado sus quejas a sus respectivas embajadas, influenciando así la votación en el directorio del FMI.