El respaldo de la “oposición dialoguista” ha sido fundamental para que el Gobierno logre la aprobación en general de su megaproyecto.
Este proyecto, que contempla la privatización de once empresas públicas, la eliminación de la moratoria previsional y beneficios impositivos para grandes empresas, así como la concesión de facultades extraordinarias para Javier Milei, ha generado un intenso debate sobre su impacto económico y social.
Si bien esta victoria legislativa marca un avance significativo para la agenda gubernamental, también ha suscitado preocupaciones sobre el sacrificio de la soberanía económica del país en favor de intereses privados.
A medida que el proyecto avanza hacia su próxima etapa legislativa, la media sanción, persisten las incertidumbres y los debates acerca de las implicaciones a largo plazo de estas medidas.
La decisión de privatizar empresas estatales y otorgar beneficios impositivos a grandes corporaciones ha sido criticada por sectores que temen una mayor concentración de poder económico y una pérdida de control estatal sobre sectores clave de la economía.
A su vez, las facultades extraordinarias concedidas a Javier Milei han suscitado preocupaciones sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y su potencial impacto en el sistema democrático del país.