La presión sobre el gobierno de Axel Kicillof para que la Provincia de Buenos Aires adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha generado divisiones dentro de la oposición.
Tras la amenaza de Horacio Marín, presidente de YPF, de condicionar la construcción de una planta de GNL en Bahía Blanca a esta adhesión, sectores como La Libertad Avanza y PRO Libertad han urgido al Ejecutivo provincial a tomar acción.
Sin embargo, voces en el bloque de Acuerdo Cívico UCR + GEN, liderado por Claudio Frangul, critican el enfoque de extorsión de YPF y prefieren evaluar detenidamente los términos del RIGI antes de apoyarlo.
En contraste, mientras algunos legisladores bonaerenses promueven la instalación de la planta en Bahía Blanca, otros ven la exigencia de YPF como una presión indebida.
El bloque PRO optó por no emitir comentarios sobre el tema, mientras que desde la bancada UCR + Cambio Federal se enfatizó que el RIGI aún no ha sido aprobado por el Congreso, por lo que consideran prematuro apoyar iniciativas al respecto.
La discusión se intensifica en un contexto de disputas políticas y estratégicas entre la Casa Rosada y provincias como Río Negro por la ubicación de proyectos industriales.
Esta situación refleja tensiones entre intereses locales, decisiones gubernamentales y presiones corporativas en el ámbito energético y económico de la provincia de Buenos Aires.